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14 Agosto, 2008
La crisis económica se va manifestando de forma sucesiva en ámbitos muy diversos de la vida española. Desde hace ya algunas semanas se conocen datos de ayuntamientos con problemas financieros serios, que han empezado a aplazar pagos a sus proveedores; y algunos de ellos se plantean ya acudir al endeudamiento para poder pagar a fin de año las nóminas de sus empleados
Así lo estima Francisco Cabrillo, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Par Cabrillo, el hecho es preocupante, sin duda; pero a nadie puede sorprender. Los ingresos municipales se han venido reduciendo a lo largo del año de forma significativa; y, en los momentos de prosperidad, la mayoría de los ayuntamientos españoles incrementaron sus gastos en un grado muy elevado. Resulta, además, que este mayor gasto ha sido consolidado en buena medida en sus presupuestos. Es decir, no se trata sólo de gastos extraordinarios que se han realizado en un momento determinado aprovechando los altos ingresos de los que disfrutaron temporalmente.
Gran parte de este gasto se ha orientado, por el contrario, a crear servicios que se han vendido a los vecinos como logros permanentes; y para ello se han constituido nuevos organismos, se ha elevado el número de funcionarios y trabajadores contratados y, en muchos casos, se han subido sus salarios, creyendo aparentemente que estas políticas se podrían mantener sin dificultad en el futuro.
El origen de los actuales problemas financieros de los municipios es, por tanto, doble. Por una parte, deriva de estrategias de gasto dirigidas a conseguir el voto de los vecinos mediante la oferta de servicios asistenciales –que en algunos casos no son siquiera competencia directa de los ayuntamientos–, realización de obras públicas y desarrollo de actividades de todo tipo, que han contribuido a elevar la popularidad de los alcaldes.
Por otra, la caída de ingresos –que es inevitable en una situación de estancamiento con alta probabilidad de recesión, como aquella en la que hoy nos encontramos– se ha visto agravada por las especiales características de la financiación municipal y el gran peso que en ella tiene la actividad constructora. La crisis inmobiliaria ha puesto así al descubierto la debilidad de la estructura que servía de fundamento a la expansión del gasto.
En otras palabras, se vuelve a plantear con fuerza la muy vieja cuestión de la financiación municipal, tema histórico en los debates sobre la Hacienda pública española. Se trata de un problema importante que, como suele ocurrir, no se abordó en los momentos en los que la bonanza económica habría permitido hacerlo en mejores condiciones; y se ha agravado cuando el Estado se encuentra en situación de déficit y cuando las Comunidades Autónomas están, en muchos casos, en una posición financiera aún más difícil que la de la Administración central. Encontrar dinero para financiar los gastos de los ayuntamientos no es, por tanto, una cuestión de solución fácil.
Descentralización.
No cabe duda de que los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en la vida social y política española. Al menos desde los escritos de Joaquín Costa, el autogobierno municipal ha constituido un objetivo importante en nuestro país; y para ello es imprescindible que los municipios dispongan de medios económicos suficientes. Esto no se ha conseguido, sin embargo, por un doble motivo. En primer lugar, porque la acusada descentralización que ha experimentado el país en los últimos treinta años ha consistido, básicamente, en la transferencia de competencias y recursos financieros desde la Administración central a las Comunidades Autónomas; y éstas últimas, mientras criticaban al gobierno central y defendían la proximidad de la administración pública a los ciudadanos, mantenían una actitud centralista frente a sus propios municipios y se oponían a incrementar su capacidad de autogobierno.
Pero tampoco los ayuntamientos están libres de culpa. Su gestión económica, en muchos casos, ha estado muy lejos de ser modélica; y su política urbanística –estrechamente ligada, por desgracia a la financiación de las políticas municipales antes mencionada– ha planteado serias dudas sobre lo que podría suceder con un nivel mayor de recursos económicos, basados, por ejemplo, en la cesión de determinados impuestos o una coparticipación en ellos.
Por esta vía habrá que ir, sin embargo, en el futuro; y esto exigirá una reforma profunda de las finanzas municipales, no sólo en lo que respecta a la naturaleza y al volumen de sus ingresos, sino también a su gestión y transparencia. Pero, en todo caso, y con urgencia, dada la situación en la que nos encontramos, será preciso empezar a reducir de forma significativa los gastos en un gran número de ayuntamientos. No será algo sencillo de hacer, ciertamente.
Pero no queda más remedio que implantar planes de austeridad, sin que el hecho de que los municipios realizan “gasto social” pueda utilizarse como excusa. El endeudamiento puede ser inevitable en algunos casos. Pero habría que analizarlo con el mayor detalle; y, sobre todo, evitar el recurso fácil de acudir a determinadas cajas de ahorros, que no se encuentran hoy precisamente en su mejor momento.
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