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14 Agosto, 2008
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El servicio de arbitraje municipal resuelve en Sevilla 300 casos cada año
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La mayoría de las reclamaciones atendidas por Consumo aluden a problemas de telefonía móvil, internet y líneas 906
Los conflictos que se generan entre los consumidores y los dueños de los comercios de la capital sevillana pueden solucionarse mediante un sistema alternativo a los tribunales y a las oficinas de atención al cliente. El Ayuntamiento de Sevilla cuenta con una junta arbitral que da respuesta a las reclamaciones presentadas por los usuarios de manera "eficaz y económica", sin necesidad de acudir a un proceso contencioso-administrativo y, además, con un coste gratis.
La delegación municipal de Salud y Consumo resuelve así el 98% de las más de 300 reclamaciones que atiende de media cada año. Desde 1995, el área que ahora dirige la socialista Teresa Florido ha incluido en su sistema de arbitraje a 3.930 empresas, de ellas más de 700 durante los últimos doce meses -un aumento del 21%-, lo que se considera un éxito por parte de la Administración. La mayoría de las quejas de los usuarios están referidas a los servicios de telefonía móvil, las llamadas a las líneas 906 y las diversas ofertas de internet. El tribunal de arbitraje asegura el cumplimiento de la sentencia por las partes implicadas una vez resuelto el conflicto.
Los consumidores afectados pueden acudir a la delegación de Consumo, ubicada en la calle Almansa 23, para cumplimentar y presentar una solicitud de mediación. Desde la Administración se informa a la empresa implicada y se establecen los criterios de resolución. Las denuncias presentadas se resuelven y tramitan en un plazo que no supera los siete meses.
Desde Consumo se nombra una junta arbitral compuesta por tres miembros: un representante de los empresarios, que es elegido por los comerciantes que componen las distintas asociaciones de Sevilla adscritas a la red -la Confederación Empresarial de Sevilla, Aprocom y la Asociación Provincial de Tintorerías-; un representante de los consumidores; y un miembro de la propia Administración. El mismo día en el que se reúnen las partes implicadas se resuelve el contencioso.
Este servicio municipal ofrece la posibilidad de efectuar reclamaciones a empresas y comercios que no estén adscritos al sistema. El comerciante recibe la denuncia efectuada por el consumidor y se le da la posibilidad de hacer uso de los diferentes mecanismos que establece el tribunal de arbitraje. La adhesión por parte del comercio puede ser limitada, para resolver controversias puntuales, o indefinida, para subsanar las cuestiones que se puedan presentar en un futuro en temas referidos a reclamaciones realizadas por parte de los clientes del comercio.
La junta arbitral considera que los ciudadanos "desconocen" cuáles son los organismos que pueden defender sus reclamaciones en materia de consumo. En muchas ocasiones "la desinformación genera desconfianza en los perjudicados", aducen sus responsables.
Este organismo de arbitraje realiza durante todo el año campañas informativas entre los empresarios para fomentar la adscripción de los negocios a este sistema de control. Una pegatina naranja y blanca con el distintivo del Ayuntamiento colocada a la puerta de los comercios anuncia que están adheridos al sistema de control. "Es un componente de calidad que diferencia a los comercios", asegura el Consistorio sevillano.
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